Hasta 837 candidatos en elección queretana del Poder Judicial.

Para renovar al Poder Judicial de Querétaro, la ciudadanía podría votar entre hasta 837 personas, de acuerdo con el predictamen de reforma judicial aprobado en comisiones de la Legislatura local. Es de recordar que en Querétaro, se renovarán puestos de 13 magistrados y 80 jueces en el 2027.

Cada cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia podrá tener hasta nueve personas en la boleta, ya que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial podrán postular hasta tres aspirantes cada uno.

El modelo plantea un procedimiento inédito en la entidad: la elección de magistraturas se realizará a nivel estatal y la de jueces por distrito judicial. En ambos casos, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) será responsable de organizar la jornada electoral, contabilizar los votos, emitir resultados y entregar constancias de mayoría. La asignación de cargos se hará de forma alternada entre mujeres y hombres.

El dictamen contempla que el Tribunal Superior de Justicia se integrará por once magistrados con un periodo de nueve años en el cargo, con opción a reelección. La presidencia del tribunal se renovará cada dos años, y recaerá en quien obtenga la mayor votación en su elección correspondiente.

Cada poder deberá emitir convocatorias públicas, transparentes y accesibles para seleccionar a sus candidatos. Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos legales, presentar un ensayo de tres cuartillas y entregar cinco cartas de recomendación. Un Comité de Evaluación —conformado por cinco personas de reconocida trayectoria jurídica— valorará la experiencia, conocimientos, honestidad y buena fama de los aspirantes.

Este comité integrará listas con las cinco mejores candidaturas para cada magistratura y tres en el caso de jueces. Mediante un proceso de insaculación pública, se ajustará el número de postulaciones requeridas por boleta, garantizando la paridad de género.

La Legislatura remitirá las listas definitivas al IEEQ a más tardar el 12 de febrero del año electoral correspondiente. Las elecciones deberán celebrarse antes del 1 de septiembre, fecha en que las personas electas rendirán protesta ante el Congreso local. Las inconformidades serán resueltas por el Tribunal Electoral del Estado o, en su caso, por el propio Tribunal Superior de Justicia.

La reforma también establece que ningún juez o magistrado podrá recibir una remuneración superior a la del Presidente de la República y sus sueldos no podrán disminuirse durante su encargo, como medida para garantizar la independencia judicial.